Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, enfrenta una demanda por actos de campaña anticipada justo el día en que fue víctima de un ataque armado que lo dejó gravemente herido. Dos sindicatos colombianos han solicitado a un tribunal que investigue su conducta durante un mitin en Bogotá, donde, mientras daba un discurso, fue baleado en la cabeza por un presunto menor de edad, quien ya ha sido capturado. La Confederación Unión de Trabajadores de Colombia y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa argumentan que Uribe incurrió en una de las causales más graves para perder su investidura al utilizar su posición de senador para obtener beneficios políticos personales.
La demanda, presentada la semana pasada, ha desatado una ola de reacciones. El Centro Democrático, partido al que pertenece Uribe, ha rechazado la acusación, calificándola de “temeraria” y “moralmente reprochable”. En un comunicado, el partido expresó su indignación por lo que consideran un intento de despojar a Uribe de su investidura en medio de su lucha por la vida tras el atentado.
El ataque ocurrió el 7 de junio, y desde entonces, Uribe ha estado en cuidados intensivos, sometido a varias cirugías. Su estado de salud, aunque ha mostrado cierta evolución, continúa siendo crítico, y los médicos han indicado que enfrenta una nueva fase de subaguda tras más de 16 días de tratamiento.
Mientras la investigación sobre el ataque avanza, con tres arrestos adicionales relacionados con la logística del crimen, la atención se centra en el futuro político de Uribe y las implicaciones de esta demanda en su carrera presidencial. La situación se desarrolla en un contexto de creciente violencia política en Colombia, lo que añade una capa de urgencia y preocupación a este dramático episodio. Mantente informado con El Universal.