Un joven sicario se declaró inocente en la audiencia de imputación de cargos por un intento de asesinato contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, revelando que le ofrecieron 20 millones de pesos por ejecutar el crimen. Esta escalofriante confesión ha sacudido al país y plantea serias interrogantes sobre la seguridad del político y la red criminal detrás del ataque.
El implicado, identificado como Héctor Rojas, no solo tiene antecedentes por homicidio y hurto, sino que ahora busca convertirse en testigo estrella de la Fiscalía, lo que podría cambiar el rumbo de la investigación. La situación se torna aún más tensa, ya que el joven fue trasladado al búnker de la Fiscalía tras ser herido en una pierna, y allí permanecerá bajo fuerte custodia debido a las amenazas a su seguridad.
Durante la audiencia, Rojas declaró que el pago de 20 millones de pesos sería realizado a través de una transferencia tras el asesinato, lo que pone de relieve la premeditación del ataque. Sin embargo, la Fiscalía enfrenta un desafío crítico: el celular del sicario, que podría contener información vital sobre los autores intelectuales del crimen, ha desaparecido. Sin este dispositivo, la identificación de los responsables se complica enormemente.
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso, cuestionando la llegada del sicario al lugar del ataque en moto y la misteriosa desaparición de su teléfono. Los abogados de la familia Uribe Turbay celebraron la detención, pero exigen que se profundice en la investigación para desentrañar quién dio la orden de atacar al precandidato.
El clima de incertidumbre y peligro se intensifica mientras la Fiscalía Militar asume el caso, dado que hay policías activos vinculados al esquema de seguridad del candidato. La presión para esclarecer este intento de asesinato es inminente, y la sociedad espera respuestas rápidas y contundentes.