Un giro impactante en el caso del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay: el menor de 14 años que le disparó no aceptó los cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. La audiencia de imputación se lleva a cabo en un centro médico, donde el joven ha estado recuperándose de las lesiones sufridas durante el ataque.
A esta hora, el menor enfrenta serias acusaciones en un proceso que se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad. Acompañado por un defensor de familia y un delegado de la Procuraduría, este joven se encuentra en el centro de un escándalo que ha conmocionado al país. La ley colombiana establece que, al ser menor de edad, podría enfrentar una pena de entre 2 y 8 años en un centro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo que ha generado un intenso debate sobre la justicia y la responsabilidad penal juvenil.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha manifestado su compromiso de garantizar los derechos del menor, mientras que la juez encargada del caso deberá decidir sobre la solicitud de traslado al búnker de la Fiscalía, donde el joven será sometido a un proceso judicial más riguroso. Este caso no solo pone de relieve la violencia que azota al país, sino también los desafíos que enfrenta el sistema judicial en el tratamiento de menores involucrados en delitos graves.
La comunidad está en vilo, esperando respuestas y acciones contundentes ante un acto de violencia que ha dejado una profunda huella en la sociedad. La situación se desarrolla rápidamente y se espera que nuevas actualizaciones lleguen en las próximas horas. La pregunta que todos se hacen: ¿qué futuro le espera a este joven en un sistema que busca equilibrar justicia y compasión?