La defensa de Miguel Uribe exige justicia tras el atentado que lo dejó en estado crítico. A cinco días del ataque, la investigación avanza, pero la incertidumbre persiste. El joven sicario que disparó contra el senador ha sido judicializado por homicidio en grado de tentativa y tenencia de armas. Sin embargo, se niega a aceptar los cargos, lo que complica aún más el caso.
La defensa de Uribe, encabezada por el abogado Víctor Mosquera, ha solicitado a la Fiscalía que agote todos los recursos para que el menor colabore con la justicia. Este adolescente, que formó parte del programa “Jóvenes en Paz”, abandonó el proceso de rehabilitación y ahora se encuentra bajo la lupa de las autoridades. El presidente Gustavo Petro ha ordenado proteger su vida, ya que es clave para identificar a los autores intelectuales del atentado.
Mientras tanto, la Fiscalía ha revelado que el menor será incluido en el programa de protección de testigos, lo que implica reubicación y hasta un cambio de identidad. Sin embargo, la investigación se complica: aún no se ha confirmado si los disparos que hirieron a Uribe provienen del arma incautada al joven, lo que sugiere la posibilidad de un segundo tirador.
La situación es crítica. Uribe, aunque presenta mejoras neurológicas, sigue en estado delicado. La comunidad y la política están a la expectativa de cómo se desarrollará este caso que ha sacudido al país. La justicia debe prevalecer, y la presión sobre las autoridades es inmensa. La vida de un senador y la verdad detrás de este ataque dependen de decisiones que se tomarán en las próximas horas.