La Fiscalía General de la Nación ha tomado una decisión impactante: el sicario que disparó contra Miguel Uribe, un precandidato presidencial, será incluido en el programa de protección a testigos. Este joven, de apenas 15 años, se encuentra ahora en el búnker de la Fiscalía, donde buscará negociar su declaración y delatar a quienes lo contrataron para cometer el intento de asesinato. La familia de Uribe ha exigido que se aplique la Ley de Infancia y Adolescencia en este caso, resaltando que el menor será tratado judicialmente de forma diferente a un adulto.
El debate sobre la responsabilidad penal de los menores se intensifica. Mientras algunos argumentan que el joven es víctima de un sistema que utiliza a adolescentes para el crimen, otros sostienen que a los 15 años ya se debe tener discernimiento suficiente para entender la gravedad de sus actos. La Fiscalía ha imputado al menor por porte y tráfico de armas, así como tentativa de homicidio, aunque su pena máxima podría ser de solo ocho años, lo que genera un clamor por justicia entre los ciudadanos.
La situación es aún más crítica considerando que el joven podría quedar en libertad a los 23 años, lo que plantea serias dudas sobre la efectividad de las medidas de protección y rehabilitación. La familia Uribe ha hecho un llamado urgente a las autoridades para que se agoten todos los mecanismos legales disponibles y se garantice que el menor colabore con la justicia.
Este caso no solo pone de relieve la problemática del uso de menores en el crimen, sino que también desata un acalorado debate sobre la necesidad de reformar las leyes que rigen la responsabilidad penal juvenil en Colombia. La sociedad observa con atención cómo se desarrollará este caso, que podría sentar un precedente crucial en la lucha contra el sicariato y la criminalidad en el país. La urgencia por respuestas y justicia nunca ha sido tan palpable.