La bancada de Renovación Popular ha calificado de “desastrosa” la crisis operativa que enfrenta el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, que apenas ha comenzado sus operaciones plenas. En un giro inesperado, el congreso ha solicitado la comparecencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, para que explique los múltiples problemas que han surgido desde la inauguración del aeropuerto el pasado 1 de junio.
Los incidentes han sido alarmantes. Desde fallas mecánicas que interrumpieron la distribución de combustible hasta cambios inesperados en las puertas de embarque, los pasajeros han experimentado caos y aglomeraciones. La situación se intensificó el 2 de junio, cuando numerosos vuelos fueron cancelados, dejando a los viajeros varados y frustrados.
El documento presentado por Renovación Popular detalla las irregularidades y exige respuestas claras sobre las medidas que se tomarán para evitar que los usuarios continúen siendo afectados. La bancada cuestiona la operatividad del nuevo aeropuerto, argumentando que se permitió su funcionamiento a pesar de las graves deficiencias que presenta. Además, han solicitado aclaraciones sobre la conformidad de las instalaciones entregadas por la concesionaria y las responsabilidades de los funcionarios involucrados en el proceso.
El clima político se calienta a medida que otros grupos, como la bancada de Acción Popular, se suman a las exigencias de fiscalización. La presión sobre el ministro Sandoval y la jefa de Ositrán, Verónica Zambrano, aumenta, y la incertidumbre sobre el futuro del aeropuerto se cierne sobre los pasajeros y las autoridades.
Mientras tanto, los usuarios que han transitado por el aeropuerto comparten sus experiencias, muchas de ellas marcadas por la frustración y la confusión. La situación exige una respuesta inmediata y efectiva, y todos los ojos están puestos en el Congreso, donde se espera que se tomen decisiones críticas en los próximos días. La crisis en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez no solo es un problema operativo; es un desafío a la confianza pública en las instituciones que deben garantizar un servicio seguro y eficiente.