Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial, se encuentra en una situación crítica tras ser sometido a una nueva cirugía en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Su estado de salud sigue siendo grave, con pronóstico neurológico reservado, después de más de 16 días desde el atentado que lo dejó en cuidados intensivos. La familia ha solicitado información continua sobre su evolución, mientras los médicos realizan un monitoreo constante de sus signos vitales.
En paralelo, las autoridades intensifican la búsqueda del presunto autor intelectual del ataque, conocido como alias “el costeño”. La Fiscalía ha identificado a Elder Artiaga como el principal sospechoso detrás de este atentado, y se ha ofrecido una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que conduzca a su captura. Este desarrollo se produce en un contexto de creciente tensión política, donde el abogado de Uribe ha presentado una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro, argumentando que su discurso ha podido incitar el ataque.
El atentado, que ocurrió durante un acto de precampaña en Bogotá, ha sido calificado por la Fiscalía como un ataque con motivaciones políticas. Las investigaciones han revelado conexiones inquietantes, incluyendo fotografías del alcalde de Bogotá y la fiscal general en el celular del joven que ejecutó el atentado. La situación se complica aún más con la captura de Catherine Martínez en Caquetá, lo que sugiere una red más amplia detrás del ataque.
Mientras el país observa con atención, el ministro del Interior defiende al presidente, sugiriendo que el atentado busca desestabilizar su gobierno. La polarización política se intensifica, y las consecuencias de este ataque resuenan en todo el país. La urgencia por la justicia y la verdad nunca ha sido tan palpable.