La Fiscalía General de la Nación ha solicitado penas de hasta 40 años de prisión para los primeros capturados por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Este ataque, que se ha determinado como de carácter político, se llevó a cabo en medio de su campaña electoral y responde a su posición como líder de oposición al gobierno de Gustavo Petro.
En un despliegue impresionante de investigación, la Fiscalía ha emitido más de 240 órdenes de policía judicial y ha incautado ocho celulares, además de otros dispositivos electrónicos. La evidencia preliminar indica que el arma utilizada, una Glock 9 mm, fue modificada para maximizar el daño, y las balas estaban recubiertas de bronce y latón. Este macabro detalle sugiere una intención clara de asesinar al congresista.
Los detenidos, entre ellos alias “el Costeño”, están vinculados a un amplio prontuario criminal que incluye extorsiones y otros delitos. La Fiscalía ha confirmado que el ataque fue premeditado y que Uribe había alertado en varias ocasiones sobre su situación de riesgo, lo que pone de relieve la seriedad de la amenaza que enfrentaba.
A medida que la investigación avanza, las autoridades buscan identificar a los autores intelectuales detrás de este atentado. Con la presión creciente sobre los implicados, se espera que más arrestos sean anunciados en las próximas horas. La comunidad política y el país entero están en vilo, esperando respuestas sobre quién orquestó este ataque brutal.
La situación es crítica y el tiempo es esencial. La Fiscalía continúa su trabajo para esclarecer todos los detalles de este intento de homicidio que ha sacudido a la nación. La pregunta persiste: ¿quién dio la orden y con qué fin? La urgencia por respuestas es palpable y el país observa atentamente cada desarrollo de este caso.